A sus 86 años, el ayatolá Alí Jamenei es hoy el eje sobre el que gira la República Islámica de Irán. En el cargo desde 1989, no solo es el jefe de Estado de facto, sino también el árbitro final de todas las decisiones estratégicas del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el programa nuclear, la política exterior y los servicios de inteligencia.

Este es un poder que trasciende la política tradicional. El sistema iraní se estructura según el principio de velayat-e faqih —la «tutela del jurista islámico»—, que otorga al líder supremo una autoridad religiosa y política casi incuestionable, equivalente a la de un «papa» del chiismo, con influencia que trasciende las fronteras de Irán.

Jamenei, blanco de los ataques estadounidenses este sábado 28 de febrero y que, según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, está vivo, fue una de las figuras centrales de la revolución de 1979 que derrocó al Sha Mohammad Reza Pahlavi y puso fin a la monarquía respaldada por Estados Unidos.

Desde entonces, Jamenei ha sorteado cuatro décadas de sanciones, conflictos regionales, negociaciones nucleares y recurrentes oleadas de protestas internas, optando siempre por una dura represión cuando el régimen se ha sentido amenazado.

A lo largo de este período, consolidó una estructura de poder basada en la lealtad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI) y las fuerzas paramilitares Basij, que funcionan como el seguro de vida del régimen. Estos grupos garantizan la supervivencia política de Jamenei frente a las crisis económicas, el aislamiento internacional y los levantamientos populares.

Esta vez, sin embargo, Jamenei se enfrenta a una ola de protestas que ha erosionado su poder y cuyo principal detonante es una grave crisis económica, marcada por la devaluación del rial en cerca del 50% en apenas seis meses y por una inflación anual de alrededor del 40%.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde que se retiró del acuerdo nuclear en 2018 han asfixiado la economía iraní, aislando al país del sistema financiero internacional e impidiendo el acceso regular a monedas extranjeras.

Como resultado, el Estado perdió el control efectivo sobre su propia moneda y reservas de divisas y comenzó a operar a través de un sistema financiero paralelo accesible sólo a grupos vinculados al régimen.

A pesar de que Irán posee enormes reservas de petróleo y es uno de los mayores productores de la OPEP, esta riqueza no se traduce en bienestar para la población.

La economía funciona de forma distorsionada. La mayoría de los ciudadanos se enfrentan a escasez de alimentos, racionamiento de agua, electricidad y combustible, además de salarios erosionados por la inflación.

Sin embargo, los miembros del régimen se benefician de subsidios, contrabando y corrupción, especialmente en el mercado energético. Los precios de los alimentos superan los ingresos familiares, lo que obliga a reducir el consumo y agota los ahorros.

Este colapso económico ha afectado a todas las clases sociales, incluidos los comerciantes tradicionales del Gran Bazar de Teherán, históricamente aliados del régimen, dando a las protestas una dimensión sin precedentes.

A diferencia de los levantamientos anteriores, las manifestaciones actuales reunieron a los pobres, la clase media, los jóvenes, los ancianos y diferentes grupos étnicos, lo que refleja la percepción generalizada de que la economía iraní ha llegado a su punto de quiebre y que el régimen ha perdido la capacidad de gobernar el país y garantizar condiciones de vida mínimas para la población.